La declaración de estado de emergencia económica y social por parte del presidente Gustavo Petro —formalizada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025— ha generado una intensa reacción tanto en el ámbito político como en el electoral, a menos de seis meses de las elecciones de 2026. El Ejecutivo argumentó que la medida es necesaria para enfrentar una crisis fiscal profunda tras el fracaso de su reforma tributaria en el Congreso, pero ese enfoque ha alimentado un debate de amplias implicaciones nacionales.

Desde lo político, el decreto ha polarizado aún más el ambiente. El Pacto Histórico, movimiento que respalda al presidente Petro, expresó su apoyo al decreto y culpó al Congreso por bloquear una agenda fiscal que, en su opinión, buscaba equidad y sostenibilidad macroeconómica. Por otra parte, los sectores de oposición han denunciado que la emergencia económica es un intento de evasión del control democrático del Legislativo y una muestra de improvisación en la gestión de las finanzas públicas.

El espectro político también se ha visto movilizado por argumentos jurídicos: figuras como la senadora Angélica Lozano han señalado que la emergencia económica podría no cumplir con los requisitos constitucionales para su justificación, advirtiendo sobre una posible revisión por parte de la Corte Constitucional, que podría anular el decreto si concluye que no existe una amenaza económica verdaderamente imprevista.

En términos electorales, la medida influye en varias dinámicas claves de la contienda de 2026. Para el Gobierno, el uso de poderes extraordinarios proyecta una narrativa de liderazgo fuerte frente a crisis fiscal, lo que puede consolidar el apoyo de sectores que perciben la medida como una defensa de programas sociales y derechos esenciales. Sin embargo, la percepción de abuso de poder puede ser aprovechada por la oposición para articular mensajes de defensa del equilibrio de poderes, institucionalidad y respeto al Congreso, temas con alto eco en el electorado moderado.

Además, el decreto y su consecuente debate público han desplazado otras discusiones a la agenda electoral, como las propuestas de candidatos presidenciales y coaliciones, elevando la importancia de la economía y la legalidad institucional como ejes centrales de la campaña que se avecina. En suma, la emergencia económica decretada por Petro no solo plantea soluciones fiscales puntuales, sino que también redefine las prioridades, alianzas y discursos de cara a una de las contiendas más competitivas en la historia reciente de Colombia.

Hoy, 29 de diciembre de 2025, vence el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos soliciten los anticipos de financiación estatal destinados a las consultas internas e interpartidistas del 8 de marzo de 2026.

De acuerdo con las  resoluciones 11745 y 12111 de 2025, estas organizaciones deben presentar su solicitud en la ventanilla única del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales. El anticipo puede alcanzar hasta el 80% de los recursos asignados, respaldado por pólizas o garantías bancarias para cubrir posibles devoluciones si no se alcanzan los votos mínimos requeridos.

Este mecanismo, regulado por la Ley 1475 de 2011, es crucial para financiar las campañas de precandidatos presidenciales en las consultas, que coincidirán con las elecciones legislativas. El CNE fijó un tope de gastos de 18.555 millones de pesos por campaña en estas consultas, equivalente a la mitad del límite para la primera vuelta presidencial.

La importancia de este plazo radica en que define qué coaliciones podrán acceder a recursos públicos para competir en las grandes consultas ya conformadas, como la del Pacto Amplio (izquierda, con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero) y la Gran Consulta por Colombia (centroderecha, con figuras como Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y otros).

Aquellas organizaciones que no soliciten el anticipo hoy, quedarán limitadas en su capacidad operativa, en un contexto de polarización creciente rumbo a las presidenciales del 31 de mayo de 2026. El CNE enfatiza la transparencia y el cumplimiento de requisitos para garantizar equidad en el proceso democrático.

El panorama político colombiano hacia las elecciones presidenciales de 2026 se clarifica con la consolidación de dos grandes consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas al Congreso. Este mecanismo, regulado por el Consejo Nacional Electoral, permitirá a coaliciones definir un candidato único mediante voto popular, marcando el inicio real de la carrera a la Casa de Nariño.

Por el lado de la izquierda, se formalizó el Pacto Amplio, una alianza que busca continuar el proyecto del presidente Gustavo Petro. Los precandidatos confirmados son el senador Iván Cepeda (avalado por el Pacto Histórico), el exsenador Roy Barreras (partido La Fuerza) y el exgobernador Camilo Romero (inscrito por firmas). La coalición incluye partidos como Colombia Humana, MAIS, Partido del Trabajo de Colombia y Partido Ecologista Colombiano. En un comunicado del 22 de diciembre de 2025, enfatizaron principios como la profundización de reformas sociales, sus propuestas para la transición energética y para nuevos diálogos de paz, dejando abierta la puerta a más adhesiones. El objetivo es unir fuerzas para una candidatura competitiva que, en sus palabras ¨defienda los cambios iniciados en 2022¨.

En el espectro de centro-derecha, la Gran Consulta por Colombia reúne a siete precandidatos: la periodista Vicky Dávila, los exgobernadores Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán, el exministro Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo y, recientemente incorporada, la senadora Paloma Valencia (candidata del Centro Democrático). Esta alianza, anunciada en diciembre de 2025, promete respaldar al ganador y se busca perfilar como la principal oposición, con énfasis en seguridad, economía y una firme propuesta anticorrupción. Figuras como Juan Carlos Pinzón y otros aún evalúan sumarse.

Estas consultas no solo depurarán el tarjetón presidencial para la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, sino que medirán la movilización ciudadana y la unidad de cada bloque. En un contexto polarizado, el 8 de marzo será un termómetro clave para definir quiénes serán los competidores finales a la sucesión de Petro.

La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la revisión de millones de firmas ciudadanas presentadas por aspirantes presidenciales que buscan avalar su candidatura por la vía de los grupos significativos de ciudadanos. Este proceso técnico, que suele pasar desapercibido para la opinión pública, se ha convertido en uno de los filtros más determinantes del calendario electoral rumbo a 2026.

De acuerdo con la entidad electoral, más de una veintena de comités inscribieron su intención de competir sin el respaldo de partidos políticos. Sin embargo, solo una fracción logró radicar efectivamente las firmas requeridas antes del cierre del plazo. Ahora, la Registraduría verifica uno a uno los apoyos entregados, evaluando su validez, autenticidad y cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la correspondencia con el censo electoral y la ausencia de duplicidades.

Este proceso no solo define quiénes quedarán oficialmente habilitados para competir en la primera vuelta presidencial, sino que también reduce de manera significativa el número de aspirantes reales. En ciclos anteriores, la experiencia ha demostrado que una parte considerable de las firmas presentadas termina siendo anulada, lo que deja fuera de competencia a candidaturas que no alcanzan el umbral mínimo exigido.

La revisión ocurre en paralelo a otros movimientos clave del escenario político. El cierre de listas al Congreso y las discusiones sobre consultas interpartidistas han acelerado negociaciones y reacomodos en todos los bloques ideológicos. Al mismo tiempo, decisiones recientes del Consejo Nacional Electoral en materia de control y financiación de campañas refuerzan el mensaje de mayor rigor institucional en esta etapa temprana del proceso.

Para analistas electorales, el conteo y validación de firmas funciona como un primer “examen de realidad” para los aspirantes independientes. Quienes superen esta fase llegarán fortalecidos al inicio formal de la campaña; quienes no, quedarán fuera antes de que el debate presidencial entre en su fase más visible.

Así, mientras el país comienza a mirar hacia 2026, la Registraduría cumple un papel silencioso pero decisivo: definir quiénes realmente estarán en la línea de partida de la contienda presidencial.

En un movimiento clave para la carrera presidencial de 2026, varios sectores  de la izquierda en Colombia oficializaron este 22 de diciembre de 2025 la convocatoria a la Consulta del Pacto Amplio, programada para el 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas. Esta consulta interpartidista busca elegir un candidato único de izquierda y centroizquierda, con el objetivo de continuar y profundizar las reformas iniciadas por el gobierno de Gustavo Petro.

Los precandidatos confirmados son el senador Iván Cepeda, referente del Pacto Histórico y ganador de una consulta interna previa en octubre; el exembajador Roy Barreras, líder de La Fuerza de la Paz, conocido por su habilidad para negociaciones políticas; y el exgobernador de Nariño Camilo Romero, con trayectoria en la izquierda alternativa y recientemente en la diplomacia, en Argentina. Aunque inicialmente se mencionó la posible inclusión de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, aún persisten dudas legales sobre su participación,  debido a su participación en procesos previos.

El pronunciamiento conjunto, respaldado por partidos como Pacto Histórico, Colombia Humana, MAIS, Partido del Trabajo de Colombia y Partido Ecologista Colombiano, enfatiza la unidad como "tarea histórica" para lograr un "país más justo, seguro y en paz". Se deja abierta la puerta a adhesiones de otros movimientos izquierdistas y liberales socialdemócratas que compartan ejes como la profundización de reformas sociales, la posición ante la transición energética y la solución dialogada de los enfrentamientos con movimientos al margen de la ley.

Este Pacto Amplio, evolución del inicialmente propuesto Frente Amplio, responde a la necesidad de evitar dispersión electoral y atraer votantes moderados, esenciales para competir en primera vuelta contra bloques como la Gran Consulta por Colombia, de Centro derecha. Analistas destacan que la consulta de marzo será un termómetro de la cohesión progresista, en un contexto de polarización donde la izquierda busca mantener el poder en la Casa de Nariño.

Con esta alianza, la izquierda envía un mensaje de organización temprana, poco frecuente en sus filas. El 8 de marzo no sólo se definirán los próximos miembros del Congreso, sino el liderazgo que guiará a la izquierda hacia las presidenciales de mayo de 2026.

FOTO: NOTICIAS BOYACÁ vía facebook/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=1207740831545243&set=a.430033679315966