La política colombiana llega a la recta previa a 2026 con un elemento en común entre los grandes bloques ideológicos: la división interna. Tanto en la derecha como en la izquierda emergen rupturas que no solo alteran sus cálculos de poder, sino que amenazan su capacidad de consolidar candidaturas competitivas en un escenario electoral cada vez más fragmentado.

En la derecha, la exclusión de Miguel Uribe Londoño del abanico de precandidatos del Centro Democrático confirmó una fisura que se venía gestando desde hace meses. La dirección del partido tomó la decisión tras versiones —rechazadas por el propio Uribe Londoño— según las cuales habría expresado respaldo al abogado Abelardo de la Espriella, figura en ascenso pero ajena al uribismo. Uribe Londoño respondió denunciando un proceso interno poco transparente y aseguró que su salida se basa en “rumores y especulaciones”. Con su retiro, la competencia se reduce a Cabal, Valencia y Holguín, pero la cohesión del partido queda en entredicho: sectores jóvenes pedían su salida, mientras otros temen que la división facilite el crecimiento de candidaturas externas que compiten por el mismo electorado.

Al otro extremo del espectro ideológico, la izquierda enfrenta una ruptura igual de delicada. El líder caribeño Carlos Caicedo se distanció definitivamente del presidente Gustavo Petro, acusando al gobierno de centralismo y de marginar a su movimiento, Fuerza Ciudadana.

El final de estas relaciones no solo tiene un impacto simbólico: Caicedo controla una base electoral significativa en la Costa Caribe, región clave para cualquier aspiración presidencial del Pacto Histórico. Su retiro podría traducirse en una pérdida de votos estratégicos y abrir la puerta a un nuevo actor progresista que compita por fuera del petrismo.

La consecuencia es evidente: tanto la derecha como la izquierda avanzan divididas, con candidaturas y procesos de dipersión y con un electorado que observa cómo los proyectos internos parecen separarse antes que consolidarse. En este clima, los aspirantes alternativos —de centro, independientes o de corte antipolítico— pueden encontrar terreno para crecer, aumentando aún más las tensiones en el panorama político general.

Foto Carlos Caicedo: El Espectador/Mauricio Alvarado

Foto Miguel Uribe Londoño: Caracol radio/Centro Democrático

Una nueva encuesta revelada hoy sitúa al senador Iván Cepeda como el candidato que ha arrancado adelante manteniendo su posición en la carrera presidencial. Según la medición de Invamer, Cepeda obtiene un 31,9 % de intención de voto, por encima de sus competidores registrados, lo que lo sigue manteniendo como principal aspirante dentro del bloque izquierda/progresista.

En la misma encuesta Invamer, detrás de Cepeda, se destacan en la intención de voto el abogado Abelardo de la Espriella con 18,2 % y el exgobernador Sergio Fajardo con 8,5 %, que se presentan como las figuras destacadas hoy en lo que politólogos denominan como la derecha y el centro del espectro político.

La encuesta, realizada con una muestra de 2.080 participantes tras el levantamiento de la veda legal sobre sondeos, también presentó resultados  de escenarios hipotéticos de una posible segunda vuelta.

Esta encuesta refuerza la posición de Cepeda como el candidato que sigue apovechando su temprana designación, justo cuando el calendario electoral avanza hacia 2026 y los partidos comienzan a ajustar sus estrategias. Para muchos analistas, el dato pone en tensión a la derecha y al centro-derecha, obligándolos a replantear sus alianzas y enfoques ante una contienda que podría volverse cada vez más competitiva.

FOTO: SENADO DE LA REPÚBLICA. - IVÁN CEPEDA

En un golpe que resuena como un trueno en el horizonte electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha impuesto sanciones millonarias a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, dejando en jaque la ambiciosa unificación del Pacto Histórico. Con multas que superan los 500 millones de pesos a la Unión Patriótica (UP) y Colombia Humana, el fallo no solo castiga irregularidades en la rendición de cuentas –atribuidas al gerente Ricardo Roa–, sino que bloquea la fusión de estos partidos con el Polo Democrático, el Partido Comunista y el partido Progresistas en una sola fuerza.

La decisión, aprobada por seis votos contra tres, ha desatado una crisis interna en el oficialismo. Gustavo Bolívar, senador del Pacto, alertó en W Radio que “esta sanción deja en vilo las listas unificadas al Congreso de 2026, un pilar de nuestra estrategia para contrarrestar la derecha”. La UP, ya endeudada por el exceso de financiación, analiza seriamente su salida del Pacto, lo que fragmentaría aún más la izquierda en un momento en que encuestas muestran a Petro con aprobación por debajo del 30% y una oposición uribista en ascenso.

El presidente Petro no tardó en reaccionar, tildando el fallo de “trampa judicial” en un trino que acumuló miles de interacciones: “El CNE, controlado por la oligarquía, busca desmantelar nuestra transformación”. Sus aliados, como Armando Benedetti, convocaron una reunión urgente, mientras la UP se retractó parcialmente de su admisión inicial de cargos, abriendo la puerta a un recurso ante el Consejo de Estado.

Analistas ven en esto un boomerang para el petrismo: la imposibilidad de listas unificadas diluye el voto progresista, beneficiando a independientes y a la derecha consolidada. “Es una victoria pírrica para la oposición, pero un desastre para la izquierda, que pierde cohesión en un año clave”, opina el politólogo Rodrigo Uprimny. Con la consulta interpartidista de marzo acechando, el Pacto debe navegar estas aguas turbulentas o arriesgarse a una derrota histórica en 2026.

Esta fractura no es casual: revela las tensiones entre el ideal de unidad y la realidad de deudas y litigios. ¿Podrá Petro recomponer el rompecabezas? El tablero electoral, ya polarizado, se complica con cada sanción.

IMAGEN: WIKIPEDIA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso este jueves la sanción más grave que haya recibido jamás una campaña presidencial en Colombia: la de Gustavo Petro (2022-2026).

La campaña deberá devolver al Estado más de 5.300 millones de pesos por exceder los topes de gasto en primera y segunda vuelta y por recibir aportes prohibidos de origen sindical y empresarial.

La decisión, aprobada por mayoría con ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, marca un precedente histórico: nunca antes un candidato ganador había sido castigado formalmente por la máxima autoridad electoral. Entre las irregularidades comprobadas figuran pagos no reportados a 30.256 testigos electorales a través de la firma Ingenial Media SAS, publicidad contratada en Caracol Televisión sin declarar, aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) de Ecopetrol y donaciones omitidas de Fecode y la Unión Patriótica.

La senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico) calificó la sanción como “lawfare” y “persecución política orquestada desde los sectores que perdieron en 2022”. En el extremo opuesto, la concejal Diana Diago (Centro Democrático) exigió la renuncia inmediata del presidente Petro: “Quien llega al poder violando la ley no puede seguir gobernando”.

Aunque la sanción es únicamente económica y no implica pérdida de investidura ni inhabilidad inmediata, el fallo llega a seis meses exactos de las elecciones presidenciales de 2026 y enciende la precampaña. Mañana, el Centro Democrático anunciará su candidato único, mientras el Pacto Histórico ya tiene a Iván Cepeda como aspirante oficial.

El país entra así en un terreno desconocido: por primera vez, el debate sobre la legitimidad de origen del actual mandatario se instala en el centro de la discusión electoral. Lo que sigue tendrá un alto grado de contenidos jurídicos, pero sobre todo, políticos

La Unión Europea (UE) confirmó este martes que desplegará una Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia a partir de enero de 2026, en respuesta formal a la invitación del Estado colombiano para acompañar el proceso electoral legislativo y presidencial del próximo año. La noticia fue anunciada por el registrador nacional, Hernán Penagos, quien destacó que se trata de una de las misiones más amplias y estratégicas enviadas por el bloque europeo en la región en los últimos años.

Según Penagos, el despliegue incluirá observadores de larga y corta duración que estarán presentes no solo el día de la votación, sino también durante las etapas previas de alistamiento electoral, inscripción de candidaturas, auditoría técnica y evaluación de riesgos.

“La Unión Europea nos acaba de confirmar que estará desde el mes de enero con un acompañamiento muy grande, tanto en el proceso preelectoral como electoral”, señaló el registrador, subrayando la importancia de reforzar la confianza ciudadana en medio de un clima político polarizado.

Fuentes diplomáticas consultadas explicaron que la decisión se produce tras meses de análisis sobre la viabilidad del acompañamiento y la relevancia que tiene Colombia para la agenda democrática del bloque europeo. La misión evaluará temas como transparencia en el software de escrutinio, condiciones de seguridad para candidatos, garantías para votantes en zonas de riesgo y cumplimiento de estándares internacionales.

El anuncio ocurre mientras distintos sectores políticos han expresado preocupación por el aumento de amenazas contra líderes regionales y aspirantes al Congreso. La presencia de la UE se interpreta como una señal de respaldo al sistema electoral colombiano y como un mecanismo adicional de presión para asegurar que la contienda de 2026 se desarrolle con integridad.

Con este despliegue, la Unión Europea se suma a otros organismos internacionales que han mostrado interés en acompañar el proceso, configurando una de las observaciones multilaterales más robustas en la historia electoral reciente de Colombia.

FOTO: EL PAIS