El Centro Democrático volvió a ser noticia este jueves luego de que su dirección política insistiera públicamente en la necesidad de garantizar “reglas claras y total transparencia” en el proceso interno para seleccionar al candidato presidencial que llevará el partido a las elecciones de 2026. La declaración surge en medio de crecientes tensiones internas y cuestionamientos sobre el mecanismo que definirá al aspirante.

Según fuentes de la colectividad, aún no existe un consenso definitivo sobre el método de selección. Mientras un sector insiste en realizar una encuesta nacional supervisada por una firma independiente, otro insiste en un sistema más controlado por el propio partido, incluyendo consultas cerradas con militantes. La falta de acuerdo ha generado inquietud en varios dirigentes, quienes advierten que la indefinición podría afectar la cohesión del partido en un momento clave del calendario electoral.

La discusión tomó fuerza después de que varios congresistas pidieran un proceso “auditado y verificable”, advirtiendo que una encuesta sin controles rigurosos podría quedar expuesta a interferencias externas. La dirección del Centro Democrático reconoció que el debate sigue abierto, pero aseguró que en los próximos días será presentada una hoja de ruta oficial con las fechas y el mecanismo final.

El tema adquiere relevancia adicional porque otras fuerzas de derecha y centro-derecha ya avanzan en sus propios procesos de selección, lo que incrementa la presión para evitar rezagos en la contienda. Analistas consultados coinciden en que la cohesión interna será determinante para que el partido recupere su protagonismo.

La colectividad busca enviar un mensaje de disciplina y claridad a su base, enfatizando que el proceso se realizará con garantías y supervisión, y que  espera que su candidato salga fortalecido para competir en un escenario electoral cada vez más fragmentado.

Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, fue oficializado como el candidato único de la Fuerza de las Regiones, luego de que los demás aspirantes del movimiento declinaran sus precandidaturas. La decisión lo deja como el rostro principal de esta coalición de exmandatarios locales que busca abrirse espacio en la contienda presidencial de 2026.

La plataforma política, integrada por alrededor de cuarenta exalcaldes y exgobernadores de distintos puntos del país, había iniciado un proceso interno con cuatro precandidatos: Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo y Juan Carlos Cárdenas. Sin embargo, en cuestión de semanas, Zuluaga y Cárdenas renunciaron a la contienda interna, despejando el camino para que Gaviria asumiera la representación única del bloque. La coalición mantiene la posibilidad de participar en una consulta con otros sectores independientes en marzo de 2026.

En sus primeras declaraciones como aspirante oficial, Gaviria enfatizó que su campaña se centrará en la descentralización y el fortalecimiento del poder regional, un mensaje que ha reiterado desde el inicio del movimiento. Según el dirigente, las decisiones clave del país deben construirse “desde y con las regiones”, garantizando mayor autonomía para alcaldías y gobernaciones.

Gaviria también ha adelantado aspectos de su propuesta programática, que incluye una reforma tributaria orientada a incentivar la inversión, una revisión técnica del fracking y una reducción del tamaño del Estado mediante la eliminación de algunos ministerios. Estas ideas, afirma, buscan “dinamizar la economía sin aumentar la carga para los ciudadanos”.

Con la oficialización de su candidatura, la Fuerza de las Regiones entra en una nueva etapa, en la que intentará consolidarse como una alternativa nacional con base territorial y un avance que busca corregir el centralismo histórico en Colombia.

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El panorama político colombiano sumó esta semana dos nuevos protagonistas en la contienda presidencial: Héctor Olimpo Espinosa y Juan Fernando Cristo, quienes oficializaron sus aspiraciones en medio de un ambiente marcado por la incertidumbre, el debate sobre la seguridad y la búsqueda de alternativas fuera de la polarización.

Por un lado, Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre, sorprendió al entregar más de un millón y medio de firmas que respaldan su candidatura por el movimiento ciudadano “Colombia Diferente” que busca representar la voz de las regiones que pretenden un mayor protagonismo a nivel nacional. Espinosa ha centrado su discurso en la juventud, la descentralización y la necesidad de modernizar la gestión pública. Su narrativa apunta a un país que, según él, debe dejar de ser gobernado desde el centro del poder para abrirse a las realidades territoriales.

Al mismo tiempo, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y una figura con larga trayectoria legislativa, oficializó su candidatura bajo el partido En Marcha. Cristo propone un proyecto de centro amplio, con énfasis en la institucionalidad, el fortalecimiento democrático y la reconciliación política. Su apuesta está orientada a participar en la consulta del llamado Frente Amplio, donde espera consolidar una coalición que atraiga a sectores moderados cansados del radicalismo y del personalismo político.

Aunque los perfiles y estilos de los dos nuevos candidatos son muy distintos, el lanzamiento simultáneo de sus campañas revela un punto en común: ambos buscan capturar el sentimiento ciudadano de renovación y de gestión responsable. Mientras Espinosa se presenta como el rostro emergente de las regiones, Cristo aparece como el abanderado de la experiencia y el diálogo.

Estas dos inesperadas candidaturas  abren un nuevo capítulo, en una contienda que cada día cuenta con más voces que buscan destacar con miras a las elecciones del 2026.

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La magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), solicitó el archivo de la investigación administrativa que la entidad adelanta contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que se señalan presuntas irregularidades en la financiación. En su planteamiento, Márquez considera que se ha violado el plazo legal y denuncia fallos en la contabilización de los términos procesales.

Uno de los ejes de su defensa se basa en la caducidad administrativa: según la ley, las autoridades tienen tres años desde la ocurrencia del hecho para sancionar, un plazo que —argumenta la magistrada— ya se ha agotado. Márquez señala que la investigación se ha dilatado por suspensiones de término injustificadas y errores en el cómputo de días, por lo que, según artículos publicados en el diario El Tiempo, considera que ya no es posible emitir un acto sancionatorio válido.

En su ponencia, la togada también cuestiona la manera en que se han registrado las suspensiones del proceso. Según su versión, los términos se han calculado erróneamente: no fueron 150 días como se alegó, sino apenas 35 días; y en otra suspensión la entidad aludió 80 días cuando en realidad habrían sido 54. Para Márquez, estas discrepancias no son menores: afectarían de manera sustancial la validez del proceso y podrían, en su criterio, viciar la posibilidad de una eventual sanción.

Otra de sus críticas apunta al quórum: asegura que durante las recusaciones de dos magistrados no fue necesaria la suspensión del debate de la ponencia, porque en sala plena aún había el mínimo para deliberar. Según ella, luego de esas recusaciones se mantuvo el quórum decisorio para continuar con el estudio del caso.

Desde el petrismo, este planteamiento ha sido celebrado como un alivio legal importante, pues si la petición prospera, la investigación del CNE podría terminar sin consecuencias, lo que sería un golpe a los esfuerzos de fiscalización electoral. En contraste, la oposición ve un riesgo institucional: que argumentos de forma terminen beneficiando a figuras ya investigadas por financiación irregular.

El episodio llega en un momento de alta tensión política, pues  el control de la financiación de campañas se ha convertido en uno de los temas centrales de debate para la legitimidad democrática en Colombia.

FOTO: UNIVISION NOTICIAS

El nombramiento de César Julio Valencia Copete como nuevo ministro de Justicia marca uno de los movimientos más relevantes del gobierno de Gustavo Petro en los últimos meses. La designación del exmagistrado, reconocido por su amplia trayectoria en la Corte Suprema de Justicia, y por su defensa de la independencia judicial, llega en un momento de tensiones, discusiones sobre reformas y una necesidad de resultados concretos en el sector justicia.

Valencia Copete, abogado con más de treinta años de experiencia en la rama judicial, es recordado por su paso como presidente de la Corte Suprema entre 2007 y 2008, periodo en el que lideró debates clave sobre autonomía, acceso a la justicia y fortalecimiento del sistema penal acusatorio. Su llegada al Ministerio se interpreta, por tanto, como un mensaje doble: por un lado, la intención de reforzar la presencia de figuras técnicas y experimentadas dentro del gabinete; por otro, la apuesta del Gobierno por encauzar las discusiones judiciales en un terreno más institucional y menos político.

Uno de los retos inmediatos para el nuevo ministro es la crisis carcelaria, uno de los problemas estructurales más graves del país. La sobrepoblación, la falta de infraestructura adecuada y los limitados programas de resocialización exigen una reforma profunda que ha sido postergada por décadas. Valencia Copete deberá liderar una agenda que articule esfuerzos entre el Ejecutivo, la Fiscalía, el INPEC y el poder judicial, con el fin de presentar soluciones sostenibles en el corto y mediano plazo.

Otro desafío será la implementación de los componentes de justicia dentro del proyecto de paz total que implica avanzar en los mecanismos de justicia restaurativa, así como el fortalecimiento de la presencia judicial en territorios históricamente abandonados y la coordinación entre entidades como la JEP y la Unidad de Víctimas. Su experiencia en temas de derechos humanos y su trayectoria en discusiones sobre verdad y reparación podrían jugar un papel determinante en este frente.

A nivel político, el nombramiento ha sido interpretado como una decisión que busca disminuir la tensión entre el Gobierno y ciertos sectores judiciales, especialmente en un momento donde las reformas estructurales requieren amplios consensos. La figura de Valencia Copete podría funcionar como puente entre el Ejecutivo y las altas cortes, un gesto necesario para destrabar debates que han venido acumulándose.

El ingreso de César Julio Valencia Copete al Ministerio de Justicia representa una oportunidad para reencauzar la agenda judicial del gobierno en esta etapa.. Su capacidad para combinar rigor técnico, sensibilidad social y manejo político será determinante en la búsqueda de éxitos en el sector justicia en el país.

Foto: Universidad Externado