En un golpe que resuena como un trueno en el horizonte electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha impuesto sanciones millonarias a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, dejando en jaque la ambiciosa unificación del Pacto Histórico. Con multas que superan los 500 millones de pesos a la Unión Patriótica (UP) y Colombia Humana, el fallo no solo castiga irregularidades en la rendición de cuentas –atribuidas al gerente Ricardo Roa–, sino que bloquea la fusión de estos partidos con el Polo Democrático, el Partido Comunista y el partido Progresistas en una sola fuerza.

La decisión, aprobada por seis votos contra tres, ha desatado una crisis interna en el oficialismo. Gustavo Bolívar, senador del Pacto, alertó en W Radio que “esta sanción deja en vilo las listas unificadas al Congreso de 2026, un pilar de nuestra estrategia para contrarrestar la derecha”. La UP, ya endeudada por el exceso de financiación, analiza seriamente su salida del Pacto, lo que fragmentaría aún más la izquierda en un momento en que encuestas muestran a Petro con aprobación por debajo del 30% y una oposición uribista en ascenso.

El presidente Petro no tardó en reaccionar, tildando el fallo de “trampa judicial” en un trino que acumuló miles de interacciones: “El CNE, controlado por la oligarquía, busca desmantelar nuestra transformación”. Sus aliados, como Armando Benedetti, convocaron una reunión urgente, mientras la UP se retractó parcialmente de su admisión inicial de cargos, abriendo la puerta a un recurso ante el Consejo de Estado.

Analistas ven en esto un boomerang para el petrismo: la imposibilidad de listas unificadas diluye el voto progresista, beneficiando a independientes y a la derecha consolidada. “Es una victoria pírrica para la oposición, pero un desastre para la izquierda, que pierde cohesión en un año clave”, opina el politólogo Rodrigo Uprimny. Con la consulta interpartidista de marzo acechando, el Pacto debe navegar estas aguas turbulentas o arriesgarse a una derrota histórica en 2026.

Esta fractura no es casual: revela las tensiones entre el ideal de unidad y la realidad de deudas y litigios. ¿Podrá Petro recomponer el rompecabezas? El tablero electoral, ya polarizado, se complica con cada sanción.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso este jueves la sanción más grave que haya recibido jamás una campaña presidencial en Colombia: la de Gustavo Petro (2022-2026).

La campaña deberá devolver al Estado más de 5.300 millones de pesos por exceder los topes de gasto en primera y segunda vuelta y por recibir aportes prohibidos de origen sindical y empresarial.

La decisión, aprobada por mayoría con ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, marca un precedente histórico: nunca antes un candidato ganador había sido castigado formalmente por la máxima autoridad electoral. Entre las irregularidades comprobadas figuran pagos no reportados a 30.256 testigos electorales a través de la firma Ingenial Media SAS, publicidad contratada en Caracol Televisión sin declarar, aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) de Ecopetrol y donaciones omitidas de Fecode y la Unión Patriótica.

La senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico) calificó la sanción como “lawfare” y “persecución política orquestada desde los sectores que perdieron en 2022”. En el extremo opuesto, la concejal Diana Diago (Centro Democrático) exigió la renuncia inmediata del presidente Petro: “Quien llega al poder violando la ley no puede seguir gobernando”.

Aunque la sanción es únicamente económica y no implica pérdida de investidura ni inhabilidad inmediata, el fallo llega a seis meses exactos de las elecciones presidenciales de 2026 y enciende la precampaña. Mañana, el Centro Democrático anunciará su candidato único, mientras el Pacto Histórico ya tiene a Iván Cepeda como aspirante oficial.

El país entra así en un terreno desconocido: por primera vez, el debate sobre la legitimidad de origen del actual mandatario se instala en el centro de la discusión electoral. Lo que sigue tendrá un alto grado de contenidos jurídicos, pero sobre todo, políticos

La Unión Europea (UE) confirmó este martes que desplegará una Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia a partir de enero de 2026, en respuesta formal a la invitación del Estado colombiano para acompañar el proceso electoral legislativo y presidencial del próximo año. La noticia fue anunciada por el registrador nacional, Hernán Penagos, quien destacó que se trata de una de las misiones más amplias y estratégicas enviadas por el bloque europeo en la región en los últimos años.

Según Penagos, el despliegue incluirá observadores de larga y corta duración que estarán presentes no solo el día de la votación, sino también durante las etapas previas de alistamiento electoral, inscripción de candidaturas, auditoría técnica y evaluación de riesgos.

“La Unión Europea nos acaba de confirmar que estará desde el mes de enero con un acompañamiento muy grande, tanto en el proceso preelectoral como electoral”, señaló el registrador, subrayando la importancia de reforzar la confianza ciudadana en medio de un clima político polarizado.

Fuentes diplomáticas consultadas explicaron que la decisión se produce tras meses de análisis sobre la viabilidad del acompañamiento y la relevancia que tiene Colombia para la agenda democrática del bloque europeo. La misión evaluará temas como transparencia en el software de escrutinio, condiciones de seguridad para candidatos, garantías para votantes en zonas de riesgo y cumplimiento de estándares internacionales.

El anuncio ocurre mientras distintos sectores políticos han expresado preocupación por el aumento de amenazas contra líderes regionales y aspirantes al Congreso. La presencia de la UE se interpreta como una señal de respaldo al sistema electoral colombiano y como un mecanismo adicional de presión para asegurar que la contienda de 2026 se desarrolle con integridad.

Con este despliegue, la Unión Europea se suma a otros organismos internacionales que han mostrado interés en acompañar el proceso, configurando una de las observaciones multilaterales más robustas en la historia electoral reciente de Colombia.

FOTO: EL PAIS

Margarita Guerra, candidata respaldada por Fuerza Ciudadana y por el exgobernador Carlos Caicedo, resultó elegida este domingo como la nueva gobernadora del Magdalena tras obtener el 56,1 % de los votos en la elección atípica realizada en el departamento. La jornada, que registró una participación cercana al 31 %, se desarrolló bajo un amplio dispositivo de seguridad debido a las alertas de riesgo electoral en la región.

La elección se llevó a cabo después de que el mandato anterior fuera anulado por doble militancia, lo que obligó a convocar nuevamente a las urnas. El Gobierno dispuso 1.650 soldados, verificación biométrica en varios puntos y un refuerzo especial de vigilancia para garantizar la transparencia del proceso, en atención a las advertencias de la Misión de Observación Electoral sobre posibles restricciones a la libre movilización de candidatos.

Con este resultado, Fuerza Ciudadana consolida su control político en el departamento y envía una señal estratégica de cara al reacomodo electoral rumbo a 2026. Analistas coinciden en que la victoria de Guerra fortalece al caicedismo en un momento en el que varias fuerzas nacionales buscan alianzas territoriales y estructuras consolidadas para las próximas elecciones.

En su declaración tras el escrutinio, Guerra afirmó que gobernará “sin exclusiones” y que su prioridad será garantizar continuidad a los proyectos en salud, educación e infraestructura que habían sido impulsados previamente. También hizo un llamado a reducir la tensión política que se ha vivido en el Magdalena durante los últimos meses y afirmó que su administración se enfocará en la gestión social y en el fortalecimiento institucional.

La Registraduría confirmó que no se reportaron incidentes graves que alteraran el proceso, y destacó el comportamiento de los votantes en una jornada considerada clave para la estabilidad política del departamento.

foto: www.margaritaguerra.co

El Centro Democrático volvió a ser noticia este jueves luego de que su dirección política insistiera públicamente en la necesidad de garantizar “reglas claras y total transparencia” en el proceso interno para seleccionar al candidato presidencial que llevará el partido a las elecciones de 2026. La declaración surge en medio de crecientes tensiones internas y cuestionamientos sobre el mecanismo que definirá al aspirante.

Según fuentes de la colectividad, aún no existe un consenso definitivo sobre el método de selección. Mientras un sector insiste en realizar una encuesta nacional supervisada por una firma independiente, otro insiste en un sistema más controlado por el propio partido, incluyendo consultas cerradas con militantes. La falta de acuerdo ha generado inquietud en varios dirigentes, quienes advierten que la indefinición podría afectar la cohesión del partido en un momento clave del calendario electoral.

La discusión tomó fuerza después de que varios congresistas pidieran un proceso “auditado y verificable”, advirtiendo que una encuesta sin controles rigurosos podría quedar expuesta a interferencias externas. La dirección del Centro Democrático reconoció que el debate sigue abierto, pero aseguró que en los próximos días será presentada una hoja de ruta oficial con las fechas y el mecanismo final.

El tema adquiere relevancia adicional porque otras fuerzas de derecha y centro-derecha ya avanzan en sus propios procesos de selección, lo que incrementa la presión para evitar rezagos en la contienda. Analistas consultados coinciden en que la cohesión interna será determinante para que el partido recupere su protagonismo.

La colectividad busca enviar un mensaje de disciplina y claridad a su base, enfatizando que el proceso se realizará con garantías y supervisión, y que  espera que su candidato salga fortalecido para competir en un escenario electoral cada vez más fragmentado.