En pleno arranque del año electoral 2026, uno de los debates más intensos en Colombia gira en torno a la Ley 2494 de 2025, conocida como la Ley de Encuestas. Esta norma, sancionada por el presidente Gustavo Petro en julio de 2025, regula la elaboración, publicación y divulgación de sondeos de opinión política y electoral, con el objetivo declarado de garantizar mayor transparencia, rigor metodológico y vigilancia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, la ley ha generado una fuerte controversia. Entre sus disposiciones más polémicas se encuentra la prohibición temporal de publicar encuestas que midan intención de voto durante los tres meses previos a la inscripción oficial de candidaturas (para las elecciones presidenciales de 2026, esto implicó un silencio informativo desde noviembre de 2025 hasta finales de enero de 2026). Además, impone requisitos técnicos estrictos, como muestras probabilísticas, inclusión obligatoria de aspirantes con “notoriedad pública significativa” y entrega de bases de datos al CNE para auditorías.

Las principales firmas encuestadoras, como Guarumo, Invamer y otras, han demandado la norma ante la Corte Constitucional, argumentando que vulnera derechos fundamentales: la libertad de expresión, el derecho a la información y la participación democrática. Alegan que las encuestas son una herramienta clave para visibilizar candidaturas, rendir cuentas anticipadas y permitir que los ciudadanos evalúen el debate público. Consideran la restricción temporal desproporcionada y afirman que la ley debió tramitarse como estatutaria por afectar libertades esenciales, no como ordinaria.

Por su parte, el Gobierno Nacional, a través de conceptos presentados en el expediente (estudiado por el magistrado Juan Carlos Cortés), defiende la exequibilidad total de la norma. Insiste en que se trata de una regulación operativa y técnica del proceso electoral, no de una limitación al voto o a la postulación. Argumenta que no genera “orden de gasto” adicional y que optimiza funciones existentes del CNE, promoviendo transparencia en un contexto donde las encuestas pueden influir en percepciones y estrategias políticas.

En las últimas semanas (enero 2026), el pulso se ha intensificado con la llegada de nuevos conceptos y la revisión de pruebas. Firmas como Guarumo han calificado la ley como una “mordaza” que afecta desproporcionadamente la democracia informada, mientras el Ejecutivo busca unificar demandas y salvar la norma en su integridad.

Este enfrentamiento judicial sobrte la libertad para la publicación de encuestas y sondeos electorales es clave para la fortaleza de la democracia en Colombia: de la decisión de la Corte dependerá cómo se divulguen las mediciones de intención de voto en los próximos meses críticos, en un año donde las consultas interpartidistas (marzo) y la primera vuelta presidencial (mayo) definirán el futuro político de Colombia. Y previendo el clima de todas las elecciones futuras, el fallo podría reconfigurar el rol de las encuestas como termómetro democrático o como instrumento regulado con mayor control estatal.

La recomposición del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, ocurrida en los primeros días de enero de 2026, representa uno de sus remezones más significativos justo en la recta final de su mandato, cuando solo siete meses le restan. Este movimiento brocrático se enmarca en un contexto de tensiones internas, bajas ejecuciones en algunas carteras y la necesidad de mejorar en algo la imagen del gobierno de cara al cierre y la transición electoral.

El detonante principal fue la solicitud de renuncias a figuras clave del círculo cercano. El 14 de enero, Angie Rodríguez presentó su renuncia irrevocable como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), cargo que ocupaba como mano derecha del mandatario desde inicios de 2025. Rodríguez, envuelta en controversias por nombramientos y manejo presupuestal, pasará a dirigir en propiedad el Fondo de Adaptación, entidad con millonarios recursos para inversión en cambio climático. Su salida generó especulaciones sobre "fuego amigo" y disputas internas.

Casi simultáneamente, Jorge Lemus dimitió como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), organismo sensible en temas de seguridad y narcotráfico. Lemus, también rodeado de polémicas, asumirá la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El golpe más visible fue la renuncia solicitada a Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad, quien no cumplió expectativas en ejecución de políticas y programas, pese a su cercanía histórica con Petro desde sus tiempos en la alcaldía de Bogotá.

Estos cambios, que se suman a las más de 57 salidas ministeriales acumuladas en el gobierno, buscan oxigenar el final de la administración, tratar de mostrar aspectos del cumplimiento del programa de gobierno y reducir fricciones internas. José Raúl Moreno fue ratificado como jefe de Despacho y asumió temporalmente el Ministerio de Igualdad, mientras se definen nuevos nombres.

El remezón ocurre justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías y en un año electoral, en el que Petro busca fortalecer lealtades y enfocarse en reformas pendientes. Sus críticos lo ven como un  claro signo de inestabilidad;  sus aliados, como un ajuste necesario para un cierre un poco más ordenado. El gabinete, en constante rotación durante los 4 años, parece ser un reflejo de  las tensiones y dificultades del proyecto petrista a lo largo de todo su período.  

FOTO: Canal Institucional/https://www.youtube.com/watch?v=WailCzNodAQ

En un golpe inesperado a las aspiraciones legislativas del gobierno Petro, un exregistrador delegado presentó una querella formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando la revocatoria de la inscripción de 14 listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes para las elecciones del 8 de marzo de 2026. La acción, radicada por el abogado Nicolás Farfán Namén —exdelegado para lo electoral de la Registraduría—, pone en jaque la participación de la coalición petrista en regiones clave como Bogotá, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés, Sucre, Tolima, Vichada y la circunscripción internacional.

El argumento central radica en una presunta violación al inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política, que limita las coaliciones entre partidos y movimientos políticos a un máximo del 15% de la votación válida obtenida en la circunscripción respectiva en la elección anterior. Según los cálculos expuestos en la querella, en varias regiones la suma de votos de los partidos y movimientos que integran el Pacto Histórico (incluyendo Colombia Humana) supera ampliamente ese umbral: Bogotá alcanza el 28,9%, Cauca el 27,07% y Putumayo el 38,47%, entre otros. Además, se alega que en algunos casos se ignoraron los resultados de la consulta interpartidista del 26 de octubre de 2025, contraviniendo normas estatutarias sobre democracia interna.

Si el CNE acoge la petición, el Pacto Histórico podría quedar sin listas en esas circunscripciones estratégicas, lo que reduciría drásticamente su capacidad para obtener curules en la Cámara y debilitaría su posición en el Congreso entrante. Esto representaría un revés significativo para el petrismo en plena precampaña presidencial, justo cuando busca consolidar mayorías legislativas para impulsar sus proyectos de reformas que han sido rechazados en el Congreso por iconvenientes.

El Consejo Nacional Electoral deberá ahora evaluar la querella, posiblemente admitirla para estudio y abrir un trámite administrativo que podría resolverse en las próximas semanas. Mientras tanto, el Pacto Histórico prepara su defensa, argumentando que su inscripción como partido único o la naturaleza de las alianzas internas no viola los topes constitucionales. El desenlace de este caso podría llegar a afectar el mapa electoral de 2026 y a generar controversias adicionales en el escenario político colombiano.

A cinco meses de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, la “Gran Consulta por Colombia” se consolida como el principal mecanismo de unidad en el espectro de la centroderecha y la derecha, opositoras al gobierno de Gustavo Petro. Esta coalición, que ya agrupa a nueve precandidatos (Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Lizcano y Juan Manuel Galán) y que espera nuevos integrantes, incluyendo al exalcalde Enrique Peñalosa, se medirá el 8 de marzo en simultánea con las elecciones al Congreso, en busca de un candidato único que enfrente con fuerza al favorito de la izquierda, Iván Cepeda.

La más reciente encuesta de AtlasIntel para Semana (realizada entre el 5 y 8 de enero) revela que el 18,7 % de los encuestados participaría en esta consulta, un respaldo inicial sólido, obtenido sin campañas masivas ni publicidad plena. Dentro de la ¨La Gran Consulta por Colombia¨, antes de las esperadas nuevas adiciones, Paloma Valencia lidera con 19,1 % de intención de voto, seguida por Juan Carlos Pinzón (13,1 %), Aníbal Gaviria (11,1 %) y Juan Daniel Oviedo (10,6 %). Aparte de este grupo, la encuesta presenta a Abelardo de la Espriella (28 %) e Iván Cepeda (26,5 %) en cabeza de la primera vuelta, con Sergio Fajardo en tercer lugar (9,4 %).

Expertos destacan que la ¨Gran Consulta por Colombia¨ del 8 de marzo,  no solo definirá un nombre, sino que servirá como “sello de competitividad”, impulsará visibilidad y permitirá reconfigurar alianzas. Con la Registraduría avanzando en la verificación de firmas (que finaliza el próximo 21 de enero) y la inscripción formal de candidatos presidenciales hasta 13 de marzo, la “Gran Consulta por Colombia” representa una apuesta clave de la oposición por superar divisiones históricas y disputar el poder en un escenario marcado también por  eventos internacionales como la captura de Maduro. El año electoral apenas comienza, pero las encuestas ya marcan el pulso de una contienda decisiva para el futuro de Colombia.

La reciente conversación telefónica entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, ocurrida el 7 de enero de 2026, ha marcado un antes y un después en el escenario electoral colombiano, a solo 60 días de la elección del Congreso y las consultas interpartidistas del 8 de marzo, que antecederán a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Tras los días de alta tensión —desencadenada por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y amenazas veladas de intervención militar estadounidense en Colombia—, la llamada desescaló las tensiones. Trump la calificó como “un honor”, mientras Petro destacó la necesidad de diálogo para evitar “guerra”. Ambos mandatarios acordaron una futura reunión en Washington, con participación de Marco Rubio y la canciller colombiana.

Este acercamiento ha generado reacciones polarizadas. En la izquierda oficialista, liderada por Iván Cepeda (favorito en el llamado ¨Pacto Amplio¨ que busca la unión de la izquierda para los próximos comicios), se pierde cualquier fuerza del potente discurso “antiimperialista” y de defensa de la soberanía que movilizaba bases.

En la centro-derecha, cuya unión se sigue consolidando con la reciente llegada de Juan Carlos Pinzón, se criticó el tono “débil” de Petro, acusándolo de ceder ante presiones externas, mientras los aspirantes de centro y centro-izquierda Sergio Fajardo y Roy Barreras lo celebraron como “buena noticia” para Colombia y ejemplo de moderación.

Para la oposición, que reúne ya nueve pre-candidatos en la ¨Gran Consulta por Colombia¨, la opción del diálogo es vista como positiva frente a la postura radical  e incluso ¨guerrerista¨ que ha venido sosteniendo el mandatario en sus 3 años y medio de gobierno, aunque no dejan de advertir los peligros de tratar de llevar una relación tan amplia entre dos países a un plano meramente personal.

En un año de alta polarización, esta llamada no solo disminuye temporalmente las tensiones bilaterales, sino que obliga a todos los participantes en la contienda electoral a repensar estrategias para conquistar al sector indeciso.

FOTO: Crédito @DapreCol/X