En una entrevista concedida a CNN en Español el 21 de enero de 2026, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, líder del movimiento de derecha Defensores de la Patria, declaró con contundencia que la contienda por la Casa de Nariño se reducirá a un duelo directo entre él y Iván Cepeda, abanderado del Pacto Histórico y representante de la izquierda oficialista.

“Esto va a ser entre el señor Cepeda y yo”, aseguró De la Espriella durante el programa Conclusiones. El empresario y abogado, quien en apenas seis meses ha escalado hasta el segundo lugar en varias encuestas, argumentó que la polarización política en Colombia es tan profunda que deja poco espacio para otras opciones. Según promedios de sondeos recientes, como el de GAD3 para RCN (30% Cepeda vs. 22% De la Espriella), ambos candidatos se encuentran en un empate técnico en algunos escenarios.

De la Espriella, conocido por sus posturas firmes y su cercanía a líderes de derecha regionales, enfatizó que su campaña ha ganado terreno rápidamente, incluso en regiones tradicionalmente petristas como Bogotá y el Caribe. “Estamos en empate técnico con Cepeda y ganando en todo el país”, agregó, proyectando un escenario de primera vuelta (31 de mayo) donde solo ellos dos disputarían el liderazgo.

Por su parte, Iván Cepeda, senador y ganador de la consulta interna del Pacto Histórico en 2025, representa la continuidad del proyecto de Gustavo Petro. Las declaraciones de De la Espriella refuerzan el temor a una campaña marcada por el enfrentamiento ideológico extremo, con temas como seguridad, economía y relaciones internacionales en el centro del debate.

A cuatro meses de la primera vuelta, este intercambio evidencia que la elección presidencial de 2026 podría definirse como un nuevo capítulo de polarización histórica en Colombia, similar al de 2022, pero con protagonistas renovados. El país se prepara para una batalla electoral que promete ser intensa y parece marcada desde ya por un fuerte radicalismo. 

Foto: Abelardo de la Espriella

Quedan solo 46 días para  las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026, que coincidirán con las elecciones al Congreso. Este proceso definirá a los candidatos presidenciales de las principales coaliciones y marcará el inicio real de la contienda por suceder a Gustavo Petro en la primera vuelta del 31 de mayo.

En el espectro de izquierda, el Pacto Amplio (heredero del petrismo) concentra la atención principal. El senador Iván Cepeda se consolida como el favorito tras liderar encuestas recientes, como la de GAD3 para RCN (publicada a mediados de enero), donde obtuvo un 30% de intención de voto. Cepeda reiteró su participación firme en la consulta y rechazó cualquier inhabilitación: argumenta que la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025 no fue interpartidista, por lo que no aplica restricción legal. Advierte que cualquier intento de impedirlo generaría una fuerte movilización social del sector de la izquierda. Otros nombres en la órbita del Pacto Amplio incluyen a Roy Barreras (con su partido La Fuerza), Camilo Romero (buscando aval) y otras posibles incorporaciones como Clara López o Claudia López y Juan Fernando Cristo, según declaraciones del propio Barreras, quien busca ampliar la base hacia liberales socialdemócratas, verdes e independientes.

Por el lado de la derecha y centro-derecha, la Gran Consulta por Colombia reúne a precandidatos como Paloma Valencia (Centro Democrático, heredera del uribismo), Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Enrique Peñalosa, entre otros. Recientemente, la Registraduría avaló a 15 candidatos por firmas (incluyendo a Mauricio Lizcano, quien suma coavales como el de la ASI y más de 1,8 millones de rúbricas), varios de los cuales se integrarán a esta coalición.

Con el ambiente preelectoral ya muy cargado, las consultas de marzo no solo elegirán abanderados, sino que medirán fuerzas reales y podrían reconfigurar alianzas. El año 2026 se perfila como uno de los más polarizados en décadas.

La Registraduría Nacional del Estado Civil culminó el 19 de enero de 2026 uno de los procesos más complejos del calendario electoral: la revisión y certificación de más de 28,5 millones de firmas presentadas por 22 grupos significativos de ciudadanos para respaldar candidaturas presidenciales independientes. Tras una exhaustiva auditoría técnica, el órgano electoral avaló oficialmente a 15 aspirantes que superaron el umbral mínimo requerido de aproximadamente 635.000 firmas válidas, dejando fuera a siete que no cumplieron con el requisito legal.

Entre los últimos certificados destacan figuras como Abelardo de la Espriella, quien presentó casi 5 millones de firmas y se consolida como uno de los precandidatos con mayor respaldo ciudadano; Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, con más de 2,6 millones de apoyos; Daniel Palacios, exministro del Interior; Carlos Felipe Córdoba, excontralor; Sondra Macollins y Leonardo Huerta. Estos se suman a los nueve previamente avalados: Luis Gilberto Murillo, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Claudia López y Mauricio Lizcano.

Así se cierra esta fase clave que estará seguida por la inscripción formal de candidaturas, que se extenderá del 31 de enero al 13 de marzo y en la que se podrán inscribir todos los avalados por partidos políticos, además de estos avalados por firmas. Algunos de estos aspirantes participarán en consultas interpartidistas el 8 de marzo, mientras que otros irán directamente a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

El proceso no estuvo exento de controversias: la Registraduría detectó intentos de fraude, así como firmas repetidas o fotocopiadas, lo que generó denuncias y sanciones en algunos casos. Con este escenario de alta fragmentación, el tarjetón presidencial se perfila como uno de los más concurridos en la historia reciente de Colombia, reflejando la diversidad de opciones entre las que los electores definirán el futuro político del país.

La encuesta de GAD3 para Noticias RCN, divulgada el 18 de enero de 2026, ha sacudido el arranque electoral del año al publicar como claro líder en la intención de voto presidencial al senador Iván Cepeda (Pacto Histórico). Con un 30 % de las preferencias, Cepeda supera al abogado Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), quien registra 22 %. En tercer lugar aparece la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) con 3 %, seguida por figuras como Vicky Dávila y Juan Manuel Galán, aunque muy por detrás de los dos punteros.

El sondeo, realizado entre el 13 y 15 de enero con una muestra de 1.207 personas mayores de edad y un margen de error de 2,83 %, refleja una polarización marcada: Cepeda busca consolidar el legado político del petrismo con un discurso enfocado en la continuidad de su proyecto de socialismo, mientras De la Espriella capitaliza el rechazo al Gobierno actual desde una postura de derecha, atrayendo a sectores opositores, descontentos con el caos de la actual administración.

En la consulta interna del Pacto Amplio (izquierda), Cepeda arrasa con 34 %, dejando rezagados a Roy Barreras (4 %) y Camilo Romero (3 %). En contraste, en la Gran Consulta por Colombia (centro-derecha), Paloma Valencia lidera, mientras que la falta de definición de muchos ciudadanos todavía se ve reflejada en las cifras de Voto en blanco, No sabe, o No contesta, que aún superan a las de varios aspirantes.

En un hipotético escenario de segunda vuelta, la encuesta muestra también unos resultados favorables a Cepeda (40 % - 32 %). Esto sugiere que, faltando cinco meses para la primera vuelta (31 de mayo), y con los eventos previos de las elecciones legislativas y consultas populares del 8 de marzo, la izquierda parte con impulso favorable, producto de haber escogido su candidato con anterioridad. Sin embargo, las alianzas en la derecha y el alto abstencionismo podrían alterar el panorama de manera radical.

La encuesta confirma algunas de las cifras mostradas por otros sondeos previos (p.ej. Invamer, nov. 2025) y genera el debate de fondo: ¿es sostenible el liderazgo de Cepeda ante una posible movilización de la oposición? O ¿representa De la Espriella un fenómeno emergente capaz de capitalizar el descontento en los sectores más amplios de la población? El año electoral colombiano ha comenzado en firme, y ya está en ebullición.

FOTO: SENADO DE LA REPÚBLICA (https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4391-no-hay-posibilidad-de-impunidad-senador-ivan-cepeda-al-proyecto-de-sometimiento)

En pleno arranque del año electoral 2026, uno de los debates más intensos en Colombia gira en torno a la Ley 2494 de 2025, conocida como la Ley de Encuestas. Esta norma, sancionada por el presidente Gustavo Petro en julio de 2025, regula la elaboración, publicación y divulgación de sondeos de opinión política y electoral, con el objetivo declarado de garantizar mayor transparencia, rigor metodológico y vigilancia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, la ley ha generado una fuerte controversia. Entre sus disposiciones más polémicas se encuentra la prohibición temporal de publicar encuestas que midan intención de voto durante los tres meses previos a la inscripción oficial de candidaturas (para las elecciones presidenciales de 2026, esto implicó un silencio informativo desde noviembre de 2025 hasta finales de enero de 2026). Además, impone requisitos técnicos estrictos, como muestras probabilísticas, inclusión obligatoria de aspirantes con “notoriedad pública significativa” y entrega de bases de datos al CNE para auditorías.

Las principales firmas encuestadoras, como Guarumo, Invamer y otras, han demandado la norma ante la Corte Constitucional, argumentando que vulnera derechos fundamentales: la libertad de expresión, el derecho a la información y la participación democrática. Alegan que las encuestas son una herramienta clave para visibilizar candidaturas, rendir cuentas anticipadas y permitir que los ciudadanos evalúen el debate público. Consideran la restricción temporal desproporcionada y afirman que la ley debió tramitarse como estatutaria por afectar libertades esenciales, no como ordinaria.

Por su parte, el Gobierno Nacional, a través de conceptos presentados en el expediente (estudiado por el magistrado Juan Carlos Cortés), defiende la exequibilidad total de la norma. Insiste en que se trata de una regulación operativa y técnica del proceso electoral, no de una limitación al voto o a la postulación. Argumenta que no genera “orden de gasto” adicional y que optimiza funciones existentes del CNE, promoviendo transparencia en un contexto donde las encuestas pueden influir en percepciones y estrategias políticas.

En las últimas semanas (enero 2026), el pulso se ha intensificado con la llegada de nuevos conceptos y la revisión de pruebas. Firmas como Guarumo han calificado la ley como una “mordaza” que afecta desproporcionadamente la democracia informada, mientras el Ejecutivo busca unificar demandas y salvar la norma en su integridad.

Este enfrentamiento judicial sobrte la libertad para la publicación de encuestas y sondeos electorales es clave para la fortaleza de la democracia en Colombia: de la decisión de la Corte dependerá cómo se divulguen las mediciones de intención de voto en los próximos meses críticos, en un año donde las consultas interpartidistas (marzo) y la primera vuelta presidencial (mayo) definirán el futuro político de Colombia. Y previendo el clima de todas las elecciones futuras, el fallo podría reconfigurar el rol de las encuestas como termómetro democrático o como instrumento regulado con mayor control estatal.