El panorama político colombiano hacia las elecciones presidenciales de 2026 se clarifica con la consolidación de dos grandes consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas al Congreso. Este mecanismo, regulado por el Consejo Nacional Electoral, permitirá a coaliciones definir un candidato único mediante voto popular, marcando el inicio real de la carrera a la Casa de Nariño.

Por el lado de la izquierda, se formalizó el Pacto Amplio, una alianza que busca continuar el proyecto del presidente Gustavo Petro. Los precandidatos confirmados son el senador Iván Cepeda (avalado por el Pacto Histórico), el exsenador Roy Barreras (partido La Fuerza) y el exgobernador Camilo Romero (inscrito por firmas). La coalición incluye partidos como Colombia Humana, MAIS, Partido del Trabajo de Colombia y Partido Ecologista Colombiano. En un comunicado del 22 de diciembre de 2025, enfatizaron principios como la profundización de reformas sociales, sus propuestas para la transición energética y para nuevos diálogos de paz, dejando abierta la puerta a más adhesiones. El objetivo es unir fuerzas para una candidatura competitiva que, en sus palabras ¨defienda los cambios iniciados en 2022¨.

En el espectro de centro-derecha, la Gran Consulta por Colombia reúne a siete precandidatos: la periodista Vicky Dávila, los exgobernadores Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán, el exministro Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo y, recientemente incorporada, la senadora Paloma Valencia (candidata del Centro Democrático). Esta alianza, anunciada en diciembre de 2025, promete respaldar al ganador y se busca perfilar como la principal oposición, con énfasis en seguridad, economía y una firme propuesta anticorrupción. Figuras como Juan Carlos Pinzón y otros aún evalúan sumarse.

Estas consultas no solo depurarán el tarjetón presidencial para la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, sino que medirán la movilización ciudadana y la unidad de cada bloque. En un contexto polarizado, el 8 de marzo será un termómetro clave para definir quiénes serán los competidores finales a la sucesión de Petro.

La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la revisión de millones de firmas ciudadanas presentadas por aspirantes presidenciales que buscan avalar su candidatura por la vía de los grupos significativos de ciudadanos. Este proceso técnico, que suele pasar desapercibido para la opinión pública, se ha convertido en uno de los filtros más determinantes del calendario electoral rumbo a 2026.

De acuerdo con la entidad electoral, más de una veintena de comités inscribieron su intención de competir sin el respaldo de partidos políticos. Sin embargo, solo una fracción logró radicar efectivamente las firmas requeridas antes del cierre del plazo. Ahora, la Registraduría verifica uno a uno los apoyos entregados, evaluando su validez, autenticidad y cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos la correspondencia con el censo electoral y la ausencia de duplicidades.

Este proceso no solo define quiénes quedarán oficialmente habilitados para competir en la primera vuelta presidencial, sino que también reduce de manera significativa el número de aspirantes reales. En ciclos anteriores, la experiencia ha demostrado que una parte considerable de las firmas presentadas termina siendo anulada, lo que deja fuera de competencia a candidaturas que no alcanzan el umbral mínimo exigido.

La revisión ocurre en paralelo a otros movimientos clave del escenario político. El cierre de listas al Congreso y las discusiones sobre consultas interpartidistas han acelerado negociaciones y reacomodos en todos los bloques ideológicos. Al mismo tiempo, decisiones recientes del Consejo Nacional Electoral en materia de control y financiación de campañas refuerzan el mensaje de mayor rigor institucional en esta etapa temprana del proceso.

Para analistas electorales, el conteo y validación de firmas funciona como un primer “examen de realidad” para los aspirantes independientes. Quienes superen esta fase llegarán fortalecidos al inicio formal de la campaña; quienes no, quedarán fuera antes de que el debate presidencial entre en su fase más visible.

Así, mientras el país comienza a mirar hacia 2026, la Registraduría cumple un papel silencioso pero decisivo: definir quiénes realmente estarán en la línea de partida de la contienda presidencial.

En un movimiento clave para la carrera presidencial de 2026, varios sectores  de la izquierda en Colombia oficializaron este 22 de diciembre de 2025 la convocatoria a la Consulta del Pacto Amplio, programada para el 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas. Esta consulta interpartidista busca elegir un candidato único de izquierda y centroizquierda, con el objetivo de continuar y profundizar las reformas iniciadas por el gobierno de Gustavo Petro.

Los precandidatos confirmados son el senador Iván Cepeda, referente del Pacto Histórico y ganador de una consulta interna previa en octubre; el exembajador Roy Barreras, líder de La Fuerza de la Paz, conocido por su habilidad para negociaciones políticas; y el exgobernador de Nariño Camilo Romero, con trayectoria en la izquierda alternativa y recientemente en la diplomacia, en Argentina. Aunque inicialmente se mencionó la posible inclusión de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, aún persisten dudas legales sobre su participación,  debido a su participación en procesos previos.

El pronunciamiento conjunto, respaldado por partidos como Pacto Histórico, Colombia Humana, MAIS, Partido del Trabajo de Colombia y Partido Ecologista Colombiano, enfatiza la unidad como "tarea histórica" para lograr un "país más justo, seguro y en paz". Se deja abierta la puerta a adhesiones de otros movimientos izquierdistas y liberales socialdemócratas que compartan ejes como la profundización de reformas sociales, la posición ante la transición energética y la solución dialogada de los enfrentamientos con movimientos al margen de la ley.

Este Pacto Amplio, evolución del inicialmente propuesto Frente Amplio, responde a la necesidad de evitar dispersión electoral y atraer votantes moderados, esenciales para competir en primera vuelta contra bloques como la Gran Consulta por Colombia, de Centro derecha. Analistas destacan que la consulta de marzo será un termómetro de la cohesión progresista, en un contexto de polarización donde la izquierda busca mantener el poder en la Casa de Nariño.

Con esta alianza, la izquierda envía un mensaje de organización temprana, poco frecuente en sus filas. El 8 de marzo no sólo se definirán los próximos miembros del Congreso, sino el liderazgo que guiará a la izquierda hacia las presidenciales de mayo de 2026.

FOTO: NOTICIAS BOYACÁ vía facebook/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=1207740831545243&set=a.430033679315966

Con el cierre oficial del plazo para la presentación de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, el panorama presidencial rumbo a 2026 entra en una nueva fase. Al término de la jornada, 16 precandidatos lograron radicar los apoyos ciudadanos necesarios para mantener viva su aspiración por la vía de los grupos significativos de ciudadanos, reduciendo de manera sustancial el número inicial de interesados en competir por fuera de los partidos.

El balance confirma que la recolección de firmas, aunque atractiva como mecanismo de legitimación ciudadana, supone un desafío logístico, financiero y organizativo que pocos aspirantes logran superar. La autoridad electoral deberá ahora verificar la autenticidad y validez de los apoyos, un proceso que definirá quiénes quedarán oficialmente habilitados para inscribirse como candidatos presidenciales en 2026.

Este cierre también evidencia una tendencia clara en el escenario político: la fragmentación del liderazgo y la búsqueda de caminos alternativos a las estructuras tradicionales. Varios de los aspirantes que lograron presentar firmas lo hicieron con cifras que superan ampliamente el umbral exigido por la ley, en un intento por enviar un mensaje de fortaleza política antes de que inicie formalmente la campaña.

El proceso se da en un contexto de mayor escrutinio sobre la transparencia electoral. En paralelo al cierre de firmas, continúan las discusiones públicas sobre el control a la financiación de campañas y el papel de los organismos de vigilancia electoral, un factor que empieza a incidir en el discurso de los aspirantes y en la percepción ciudadana sobre la limpieza del proceso.

Con las firmas ya radicadas y las listas al Congreso definidas, el calendario electoral avanza hacia una etapa más competitiva. A partir de ahora, los aspirantes deberán concentrarse en consolidar estructuras, definir alianzas y posicionar sus propuestas ante un electorado que observa con atención quiénes logran superar los primeros filtros del camino hacia la Presidencia.

El Pacto Histórico abrió este jueves una nueva etapa en su consolidación política tras avanzar en su reconocimiento como movimiento ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y poner en marcha una coordinación nacional provisional que tendrá a su cargo la reorganización interna y la estrategia electoral con miras a las elecciones de 2026. Este paso marca un momento clave para la coalición que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia,  que busca ahora proyectarse más allá de la actual administración.

Según lo anunciado, la nueva estructura del Pacto Histórico se enfocará en fortalecer su presencia territorial, definir reglas internas de funcionamiento y preparar los mecanismos de selección de candidaturas para Congreso y Presidencia. La dirigencia del movimiento señaló que el objetivo es ofrecer una plataforma política más cohesionada, capaz de enfrentar un escenario electoral altamente competitivo y fragmentado.

La decisión se produce en un contexto de tensiones internas dentro de la izquierda, marcada por la salida de algunos aliados regionales y el debate sobre el rumbo del Gobierno. Para el Pacto Histórico, el reto inmediato será mantener la unidad de sus diferentes sectores y evitar fisuras que puedan debilitar su capacidad electoral en 2026. Voceros del movimiento han insistido en que la prioridad será la construcción de consensos y la apertura a nuevos liderazgos.

Analistas políticos coinciden en que el reconocimiento formal del Pacto Histórico como movimiento representa una ventaja estratégica frente a otros bloques que aún no logran definir candidaturas ni reglas claras de competencia interna. Sin embargo, advierten que la consolidación organizativa no garantiza por sí sola el éxito electoral, tomando en cuenta el desgaste del Gobierno.

Con esta reorganización, el Pacto Histórico busca pasar de ser una coalición electoral a  un actor político estructurado y permanente. Su desempeño en los próximos meses será determinante para medir si logra capitalizar su experiencia de gobierno y sostener su influencia en el escenario político colombiano hacia el futuro.

FOTO: EL TIEMPO/PRESIDENCIA

Muy pronto, usted podrá consultar la información sobre todos los candidatos inscritos para las elecciones 2006 en esta página: https://ordenpolitico.com