A inicios de enero de 2026, la amenaza de Donald Trump de intervenir militarmente en Colombia —tras acusar a Gustavo Petro de complicidad con el narcotráfico y celebrar la captura de Nicolás Maduro— ha convertido la crisis diplomática en el eje central del año electoral.

El impacto en el fenómeno electoral es profundo y multifacético. Primero, genera un efecto rally de corte nacionalista que beneficia a la izquierda. Petro, al convocar marchas masivas y declararse dispuesto a defender la soberanía “con las armas si es necesario”, refuerza su narrativa antiimperialista.

La movilización popular podría traducirse en un impulso progresista para las elecciones legislativas del 8 de marzo.

Algunos reprsentantes del centro (Gaviria, Galán, Fajardo) rechazan cualquier intervención extranjera y son muy enfáticos en expresar que a Petro se le debe derrotar únicamente en las urnas, reforzando indirectamente la posición de izuierda.

Mientras tanto, la derecha (De la Espriella, independientes, y sectores uribistas) evita condenar a Trump o incluso lo celebra, reforzando su discurso antidrogas, así como su postura en contra del régimen de Maduro y del socialismo del siglo XXI.  

Las tensiones producto de los enfrentamientos verbales y por redes sociales entre los mandatarios desplazan a los demás temas de campaña. La discusión sobre economía, reformas sociales o seguridad interna queda eclipsada por otros temas como soberanía nacional y narcotráfico, polarizando aún más el debate.

Los  nuevos episodios de la crisis aceleran la campaña, e impulsarían  a la izquierda si Petro logra capitalizar el sentimiento anti-Trump, arriesgando de manera que muchos consideran irresponsable muchas otras áreas de la relación binacional y con el riesgo de provocar en Colombia un gigantesco daño económico, que la oposición trata de advertir y resaltar.

El 2026 arranca con nuevas causas de tensión: las elecciones ya no sólo decidirán el rumbo interno, sino la posición colombiana ante la presión externa de Washington.

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, anunciada por el presidente Donald Trump tras un ataque militar en Venezuela, ha generado un terremoto político en la región. Este evento, que marca en la práctica el comienzo del fin del régimen chavista, no solo redefine el panorama venezolano, sino que proyecta ondas de choque directas sobre las elecciones del nuevo Congreso en Colombia, el próximo mes de marzo, y las presidenciales, que tienen su primera vuelta programada para mayo de 2026. Con una frontera compartida de más de 2.200 kilómetros y millones de migrantes venezolanos en suelo colombiano, la caída de Maduro intensifica debates clave en la campaña electoral.

En primer lugar, polariza el espectro político colombiano. El presidente Gustavo Petro, aliado ideológico del chavismo, rechazó enérgicamente la intervención de Washington, ordenando medidas de seguridad fronteriza y llamando a una resolución pacífica. Sus críticos, candidatos y precandidatos de oposición, ven la captura como una oportunidad para restaurar la libertad en Venezuela, capitalizando el evento para atacar al petrismo por su cercanía con Maduro. Esta visión busca fortalecer candidaturas de centroderecha que enfatizan en seguridad y ataque. La izquierda, para asegurar votos de sectores conservadores.

Económicamente, la inestabilidad post-captura amenaza con provocar un nuevo éxodo migratorio, exacerbando presiones sobre los servicios públicos colombianos y avivando discursos xenófobos en la campaña durante los próximos meses. Analistas destacan que esto reabre expedientes políticos internos, como el "efecto espejo" dirigido a figuras como Iván Cepeda, y otras de izquierda vinculadas a redes chavistas, que podría erosionar el apoyo al Pacto Histórico.

Por otro lado, el presidente del Senado, Lidio García, expresó respaldo a la democracia venezolana, pero advirtió contra el peligro de una escalada bélica que puede llegar a afectar a Colombia. Aún más allá, voceros de los movimientos de izquierda y afines al petrismo critican la intervención como una injerencia indebida en asuntos del Estado venezolano.

Los  candidatos presidenciales chocan en debates, unos celebrando el "cierre de una etapa" y otros temiendo repercusiones en la soberanía regional.

La captura de Maduro acelera la polarización electoral en Colombia, beneficiando a la oposición al exponer vulnerabilidades del gobierno actual, mientras obliga a todos los aspirantes a posicionarse ante un vecino en crisis, lo que podría inclinar la balanza hacia candidatos con agendas de mano dura en migración y seguridad, alterando el mapa político de 2026.

Colombia, como el más importante país vecino, contiene el aliento ante una resolución incierta que definirá su propio futuro electoral.

FOTO: DONALD TRUMP

En el contexto actual de preocupaciones por el orden público y restricciones presupuestales, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha sido categórico: las elecciones de 2026 en Colombia se realizarán sin aplazamientos ni suspensiones. “No hay norma alguna que permita suspender unas elecciones en Colombia”, declaró recientemente en entrevistas a medios como El Espectador e Infobae, enfatizando que la Constitución Política fija las fechas de manera inamovible, independientemente de emergencias o situaciones de seguridad.

Penagos respondió así a especulaciones sobre posibles impactos en el proceso electoral debido a la violencia en regiones afectadas por grupos armados ilegales y a retrasos en pagos a proveedores por dificultades de caja del Estado. Sin embargo, aseguró que presupuestalmente no hay problemas: los servicios electorales ya están contratados con recursos de 2025 y vigencias futuras de 2026.

“El calendario electoral no está en peligro”, afirmó, destacando la implementación de medidas como biometría en miles de mesas, auditorías robustas y coordinación con la Fuerza Pública a través del Plan Democracia.

Este año marca el inicio oficial del ciclo electoral. Entre las fechas clave inmediatas figuran el 8 de enero de 2026, cuando inicia el sorteo de jurados de votación para las elecciones legislativas y cierra el plazo para inscribir cédulas por cambio de domicilio; y el 21 de enero, límite para verificar firmas de candidatos independientes. Más adelante, el 8 de marzo se celebrarán las elecciones al Congreso (así como las de de las consultas internas), y el 31 de mayo la primera vuelta presidencial, con segunda vuelta el 21 de junio, si es necesario.

Las declaraciones de Penagos generan una ola de confianza en un proceso que renovará el Congreso y elegirá al sucesor de Gustavo Petro.

Con innovaciones tecnológicas y observación internacional, la Registraduría promete comicios transparentes e íntegros, reafirmando que la democracia colombiana prevalece ante cualquier adversidad.

 FOTO: Registaduría Nacional del Estado Civil vía https://www.registraduria.gov.co/-2024-.html?debut_noticias=90

A partir del 2 de enero de 2026, Colombia se encuentra en los últimos días del período clave para que los ciudadanos actualicen su lugar de votación o reclamen su cédula de ciudadanía, de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. La Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene abiertas sus más de 1.200 sedes en todo el país, así como cientos de puntos adicionales en centros comerciales, universidades y zonas de alta afluencia, para facilitar estos trámites esenciales.

Este proceso -regulado por la Ley Estatutaria 1475 de 2011- culmina irrevocablemente el 8 de enero de 2026, exactamente dos meses antes de los comicios al Congreso. Solo deben realizarlo quienes han cambiado de residencia, regresado permanentemente al país o poseen cédulas expedidas antes de 1988 sin inscripción en el censo electoral. Para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, el plazo se extenderá hasta el 31 de marzo.

La campaña “Votar cerca, te acerca” de la Registraduría busca reducir el abstencionismo, que históricamente afecta la participación electpral, especialmente en los casos en que los puestos de votación están lejos del domicilio actual. Además, se han implementado innovaciones como campañas móviles, inscripción en línea para colombianos en el exterior y, en algunos casos, opciones digitales con biometría facial.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto actual en el sitio web www.registraduria.gov.co, ingresando su número de cédula. El trámite es gratuito y requiere solo presentar la cédula física o digital.

Con el año electoral en marcha, esta es una oportunidad crucial para garantizar el ejercicio del voto en las próximas elecciones, que renovarán el Congreso y definirán el camino hacia la Presidencia. La Registraduría insta a no dejarlo para última hora y así evitar aglomeraciones.

El aumento del salario mínimo en Colombia decretado por el gobierno de Gustavo Petro se convirtió rápidamente en uno de los temas políticos más sensibles y polarizantes del debate nacional. Más allá de su impacto económico inmediato, la decisión adquirió un fuerte contenido simbólico y electoral, al tocar directamente el ingreso de millones de trabajadores y buscar redefinir el rol del Estado en la relación entre capital y trabajo.

Desde el Gobierno, el incremento fue presentado como una medida de justicia social orientada a recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación y a garantizar condiciones de vida más dignas para los hogares de menores ingresos. En el discurso oficial, el salario mínimo dejó de ser solo una variable técnica para convertirse en una herramienta de redistribución y de corrección de ¨desigualdades estructurales¨.

Sin embargo, las reacciones políticas y empresariales fueron inmediatas. Sectores de la oposición calificaron el aumento como exagerado y advirtieron que responde más a una lógica populista que a criterios de sostenibilidad económica. Gremios productivos y analistas señalaron los gravísimos riesgos asociados al encarecimiento de los costos laborales, al posible aumento de la informalidad y a presiones adicionales sobre la inflación, especialmente en un contexto de desaceleración económica.

El decreto también dio un durísimo golpe a la mesa de concertación laboral, debilitando el espíritu de consenso tripartito que históricamente ha acompañado la fijación del salario mínimo. Para algunos actores políticos, este hecho refuerza la percepción de un Gobierno dispuesto a imponer sus decisiones a costa del diálogo institucional.

En el plano político-electoral, el salario mínimo se consolidó como una bandera de movilización. Para el petrismo, busca representar una prueba concreta de su compromiso con los trabajadores, quienes posiblemente sufrirán deterioro en su calidad de vida luego del discurso inicial aparentemente positivo; para sus detractores, un ejemplo de intervencionismo con temibles consecuencias futuras como las sufridas en la vecina Venezuela por una medida similar del chavismo en su momento. Así, el debate trasciende lo económico y se instala en el centro de la disputa por el modelo de país, anticipando una gran presencia de este tema en todos los debates, como antesala de las elecciones de 2026.

FOTO: IG INFOCRONOS